Arce inaugura una planta estatal de agrocombustibles y YFPB lanza una licitación para buscar petróleo y gas no convencional

Bolivia extrema recursos para tapar el hueco energético que ha puesto al país andino en una situación crítica. El presidente Luis Arce acaba de inaugurar una planta estatal de agrocombustibles y Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB) lanzó una licitación para buscar petróleo y gas no convencionales. Esto ocurre después de que el pozo Astillero X-1, la gran esperanza de YPFB, con el que pensaba encontrar un trillón de pies cúbicos de gas, fallara. En 2023, Bolivia importó 1.000 millones de dólares más de hidrocarburos que los que exportó, a causa de la caída de sus ventas de gas, que pasaron de 6.000 millones de dólares en 2014 a 1.800 millones el año pasado, una pérdida del 70%. Este desbalance está detrás de la desaparición de sus reservas de divisas y de su crisis cambiaria.

Arce señaló el 26 de marzo como “un día histórico” porque “comienza la etapa de los biocombustibles”. El presidente presentó la planta que fue montada en Santa Cruz como un logro de su política de “sustitución de importaciones”, en concreto de las importaciones más onerosas, las de combustibles, que el año pasado ascendieron a cerca de 3.000 millones de dólares. Cuando esté plenamente productiva, la planta producirá 1.500 barriles de “biodiésel” a partir de aceite de soja, macororó y palma africana. Esta sustancia se consumirá mezclada en un porcentaje con el diésel convencional de petróleo.

Bolivia es un importante productor de soja, pero los otros dos cultivos aún tienen que desarrollarse. Por eso la provisión de materia prima para esta planta y para otra que se inaugurará pronto en el otro lado del país, en la ciudad de El Alto, lejos del área agrícola, preocupa a los expertos. Uno de ellos, Álvaro Ríos, director de Gas Energy Latin America y exministro de Hidrocarburos, asegura que hasta ahora no hay proveedores en firme para alimentar la factoría. “Además, esta podría llegar a demandar el equivalente al 20% de las exportaciones bolivianas de aceite de soya”, calcula. En ese caso, el Estado “ganaría en divisas una suma equivalente a la que perdería por la disminución de sus exportaciones”, ironiza.

La senadora opositora Cecilia Requena, una referente del ambientalismo boliviano, teme que se trate de romper esta ecuación por medio del crecimiento de la frontera agrícola y una mayor deforestación. Se calcula que en Bolivia se deforestan unas 800 hectáreas diarias; es el tercer país que más bosque destruye del mundo. Junto con la inauguración de la planta, el Gobierno lanzó una línea de créditos con una tasa de interés de apenas 0,5% anual para quienes quieran producir materia prima para biodiésel. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, calculó que se requerirá de unas 80.000 toneladas anuales de vegetales y admitió que la frontera agrícola tendrá que expandirse más. Para Requena, la nueva sustancia “no tienen nada de ‘bio’, porque implica deforestación, monocultivo, uso intensivo de químicos y de agua”. Las asociaciones de empresarios agroindustriales apoyan el programa gubernamental aunque han dicho que se podría producir más sin avanzar sobre el bosque en caso de que el Gobierno acepte el uso de semillas transgénicas, prohibidas en Bolivia. Incorporar la “biotecnología” a sus faenas es un objetivo tradicional del empresariado.

“Esta planta no tiene estudios de factibilidad ni licencia ambiental. Es un proyecto político para resolver un problema [la necesidad de importar combustibles por un valor equivalente al 7% del producto interno bruto] que al final ni siquiera se va a resolver”, añade Requena. Algunos expertos calculan que, cuando estén en marcha, las dos plantas de biodiésel producirán entre el 3% y el 6% de la demanda de diésel del país. Por su parte, el Gobierno asegura, contradictoriamente, que sustituirán el 48% del diésel que actualmente se importa. “Un poco de biodiésel no viene mal, pero solo es un complemento”, opina Ríos. Bolivia ya consume un aditivo vegetal en la gasolina, el etanol, con la diferencia de que este es producido por el sector cañero privado. En su urgencia de reducir el monto de las importaciones, el Gobierno autorizó que se mezclase hasta un 25% de etanol en la gasolina más corriente, pero YPFB tuvo que prometer que no realizará esta adición por ahora, ya que los conductores protestaron. Según los manuales de los vehículos comerciales, la mezcla admisible es de 12%, aunque algunos países de Sudamérica la superan. La proporción de aditivo vegetal que se incorporará al diésel también puede generar polémica.

Para tiempos desesperados, medidas desesperadas. YPFB lanzó una licitación a empresas de prospección para evaluar la posible explotación de petróleo y gas no convencionales, es decir, retenidos en rocas de esquisto y arenas compactas, en un área de 225 kilómetros cuadrados en la provincia Warnes, en la región de Santa Cruz. Los hidrocarburos no convencionales se explotan mediante la técnica del “fracking” o inyección de agua a gran presión para fracturar las formaciones geológicas en las que están incrustados y “liberarlos”. Ríos cree que este proyecto es “el manotazo de un ahogado”, porque aunque es posible que Bolivia cuente con estos hidrocarburos, no posee las condiciones para explotarlos. Como muestra la experiencia de los dos países que usan ampliamente esta tecnología, Estados Unidos y Argentina, para que el petróleo y el gas no convencionales sean rentables y “un barril no cueste 300 dólares”, ilustra Ríos, se requiere trabajar con yacimientos más superficiales que los tradicionales en Bolivia y situados en lugares desérticos con gran cantidad de agua subterránea. “Es una utopía”, sentencia el analista. Requena, por su parte, espera que así sea, porque “el fracking es devastador para los sistemas hídricos locales y regionales. Perder fuentes de agua es justamente lo que no debe hacerse en un contexto de crisis climática”, explica.