La diputada de CC Luciana Campero cuestionó que esa instancia estatal continúe con el proceso, pese a que la aplicación de la norma fue suspendida. Además, denunció que se autorizó el incremento de recursos para la contratación de personal.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación (AGETIC) gestiona la adquisición de infraestructura tecnológica por Bs 31.138.341 para la implementación del Sistema Único de Registro de Derechos Reales, que está previsto en el Decreto Supremo 5143, paralizado en su aplicación por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En una revisión que hizo la ANF al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el Documento Base de Contratación (DBC) para la “Adquisición de Infraestructura Tecnológica para la Implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales se publicó el 29 de abril, 19 días después de la promulgación de la norma que da paso a la modernización de Derechos Reales.

Diversos sectores de la sociedad civil, gremiales, parlamentarios de la oposición y del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron la implementación de la norma, porque consideran que el Gobierno busca atentar contra la propiedad privada en el país. Rechazaron que la AGETIC, que depende del Ministerio de la Presidencia, se haga cargo de la implementación del sistema de registro.

Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero afirmó que el Gobierno continúa con su plan de controlar Derechos Reales porque la licitación está vigente. Cuestionó que se continúe con ese proceso a pesar de que el TCP decidió suspender la aplicación de la norma hasta que emita un fallo.

“Entonces, el problema radica en que si el poder que entregaba el Decreto Supremo 5143 a la AGETIC para hacer esta licitación ha sido paralizado ¿Por qué la AGETIC continúa con esa licitación? el documento base de contratación ha sido publicado el 29 de abril. Además, se puede observar que avanzó y hay empresas interesadas en la adjudicación”, manifestó.

El jueves, el diputado arcista Juan José Jauregui presentó un recurso de inconstitucionalidad abstracto ante el TCP por vulnerar la Constitución Política del Estado (CPE). 24 horas después, esa instancia constitucional admitió el recurso y decidió paralizar la aplicación del decreto.

Los ítems

De acuerdo al DBC el costo total es para la compra de dos ítems, el primero consta de 10 servidores o computadoras de gama alta para la infraestructura del data center que deben cumplir con ciertas características técnicas, para eso se presupuestó Bs 29.983.621. Se proyectó un plazo de 120 días calendario de entrega de los equipos requeridos.

El segundo ítem consta de la compra de un equipo que servirá para las copias de respaldo de la base central de datos, se calculó Bs 1.154.720 y al igual que el primer caso, debe cumplir con requerimientos técnico específicos que permita el almacenamiento de la información. Se estimó un plazo de 90 días para su entrega.

Asimismo, el documento señala que el data center principal estará ubicado en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Mientras que el equipo secundario se instalará en el edificio del Órgano Judicial de El Alto.

A la vez, el documento señala que la empresa que se adjudique el contrato debe otorgar una garantía de correcto funcionamiento del data center por 5 años, en tanto, para el segundo servidor se pidió al menos 3 años.

Incremento de recursos

Por otra parte, la legisladora de oposición denunció que antes del decreto 5143 el Gobierno autorizó el incremento del presupuesto para la AGETIC con el fin de contratar consultores individuales para el desarrollo de migración de datos y otros para el sistema de registro de derechos reales.

“Existe otro decreto que es el 5139 que aumenta la cantidad de partidas a la AGETIC y se incrementa el presupuesto por tres millones de bolivianos, para que pueda contratar consultores en línea para la atención de esta modernización del sistema de derechos reales”, declaró.

Efectivamente, el 27 de marzo del año en curso, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5139 en el que se autorizó el incremento de la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea” por Bs 3.637.401, que permite la contratación de personal que realice el desarrollo, control de calidad, migración e implementación del “Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales”.

“Se autoriza a la AGETIC, en la gestión 2024, incrementar la subpartida 25220 ‘Consultores Individuales de Línea’ en Bs 3.637.401 (Tres Millones Seiscientos Treinta Y Siete Mil Cuatrocientos Un 00/100 Bolivianos), a través de un traspaso interinstitucional del Tesoro General de la Nación – TGN, financiado con Fuente 41 ‘Transferencias T. G. N.’ y Organismo Financiador 111 ‘Tesoro General de la Nación’, destinado a la contratación de consultores individuales de línea, para el desarrollo, control de calidad, migración e implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales”, señala el artículo 2 del decreto.

 

Fuente: ANF