La política boliviana cerró un capítulo histórico con la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), dos partidos que marcaron buena parte del sistema político desde la transición democrática. Tras casi cuatro décadas de presencia en la vida nacional, ambas organizaciones quedaron fuera del escenario electoral al no alcanzar el 3 % mínimo de votos en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, tal como establece la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

La decisión fue oficializada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y confirma el final institucional de dos proyectos políticos que, con orígenes y trayectorias distintas, contribuyeron a la configuración del sistema de partidos boliviano entre los años ochenta y los primeros años del siglo XXI.

ADN fue fundada el 23 de marzo de 1979 por el general Hugo Banzer Suárez, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política boliviana del último cuarto del siglo XX. Tras dejar el poder militar, Banzer estructuró el partido para competir en la naciente democracia, consolidándolo como una fuerza conservadora de derecha. ADN participó activamente en los procesos electorales de 1979, 1980, 1985, 1989 y 1993, y alcanzó la presidencia en 1997, en un contexto de democracia pactada y alianzas parlamentarias.

Durante los años noventa, ADN fue un actor central en la formación de coaliciones de gobierno y en la construcción de mayorías legislativas. Sin embargo, la renuncia de Banzer en 2001 por motivos de salud y su fallecimiento en 2002 marcaron el inicio de un prolongado declive. Privado de su liderazgo histórico, el partido perdió gravitación política y, con el paso del tiempo, quedó relegado a un rol marginal en el escenario nacional.

Por su parte, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) surgió en 1989 impulsada por el empresario Max Fernández Rojas, con un discurso socioliberal y un fuerte arraigo en sectores de clase media emergente, particularmente en el oriente del país. La sigla construyó su identidad en torno al liderazgo empresarial de Fernández y, tras su fallecimiento, pasó a manos de su hijo, Jhonny Fernández. Aunque participó en elecciones nacionales y subnacionales y formó parte de distintos gobiernos de coalición, UCS nunca logró consolidarse como una fuerza hegemónica a nivel nacional.

Pese a sus diferencias ideológicas y sociales —ADN con raíces en la élite militar y conservadora; UCS, en el empresariado cruceño—, ambos partidos compartieron una característica común: su capacidad de supervivencia política durante casi cuarenta años, adaptándose a distintos ciclos electorales y desempeñando roles clave en momentos de equilibrio y negociación dentro del sistema democrático.

No obstante, las elecciones de 2025 evidenciaron el desplazamiento definitivo de las bases sociales que alguna vez sostuvieron a estas siglas. ADN, en alianza con Libertad y Progreso, obtuvo apenas el 1,45 % de los votos válidos, mientras que UCS, bajo la alianza La Fuerza del Pueblo, alcanzó el 1,67 %, resultados claramente insuficientes para mantener su inscripción como partidos políticos de alcance nacional.

La pérdida de la personería jurídica implica que ambas organizaciones quedan legalmente inhabilitadas para participar en futuros procesos electorales bajo sus actuales siglas. Más allá del aspecto administrativo, su salida del sistema político refleja una incapacidad estructural para renovarse, construir liderazgos sólidos y ofrecer propuestas capaces de interpelar a un electorado cada vez más fragmentado, polarizado y exigente. A ello se sumó, en las últimas contiendas, la ausencia de una estructura partidaria real, muy distante de la maquinaria política que alguna vez las sostuvo.

La desaparición de ADN y UCS no solo significa el cierre de dos proyectos políticos históricos, sino que también simboliza el agotamiento de buena parte del sistema de partidos tradicionales que dominó la política boliviana desde la restauración democrática de 1982 hasta los primeros años del nuevo siglo. Su final se inscribe en un debate más amplio sobre la urgente necesidad de renovación de las organizaciones políticas si estas pretenden sobrevivir en un escenario político en constante transformación.