FUENTE: paginasiete

Analistas consideran que el Gobierno puede estar buscando amplificar su voz, pero al ser medios poco conocidos, también piensan que busca beneficiar a periodistas aliados y afines al oficialismo.

¿Busca amplificar su voz o apoyar a periodistas aliados y, de paso, aumentar la asfixia a los medios independientes? Los analistas consultados no logran descifrar cuál es el objetivo del gobierno de Luis Arce para poner publicidad en medios chicos o alternativos, que no son conocidos en el espectro nacional ni local.

Página Siete accedió a 71 contratos, que están en el Sistema de Contratación Estatales, que Presidencia suscribió con diferentes publicaciones o medios no tradicionales (webs e impresos), para lo cual destinó más de cuatro millones de bolivianos en 2022. Los documentos establecen una vigencia en los servicios de difusión de entre tres a seis meses.

Desde el partido oficialista justifican la erogación de recursos, puesto que consideran que se debe “invertir en medios alternativos”.

Digitales

La web Energía Bolivia suscribió un contrato por 27.000 bolivianos el 30 de noviembre; Agenda Minera, por 27.000 el 17 de noviembre; Economíaymas, 49.000 el 14 de julio; Econoticias, 28.000 el 14 de septiembre; Enlapirqa, 49.000 el 7 de julio; Horizontesonline, 49.000 el 8 de julio; La Resistencia, 49.000 el 9 de agosto.

La Trini rubricó contrato por 49.000 bolivianos el 8 de julio; Mi Cocha, 35.000 el 16 de agosto; N25BO, 49.000 el 6 de julio; Nomadabo, 49.000 el 2 de agosto; Periodicorenacer.wordpress, 28.000 el 5 de septiembre; Potenciainformativa, 35.000 el 15 de agosto; Sin mordaza digital, 70.000 el 29 de julio; TER4PIA de Shock, 49.000 el 24 de junio.

Boliviapress, 100.000 en dos contratos; Bolnewspress, 70.000 en dos contratos e Infodiez, 70.000 en dos contratos.

Suplementos

El suplemento El Aparapita suscribió dos contratos, el primero el 14 de marzo por la suma de 84.000 bolivianos y el segundo el 20 de junio por 220.000. Encuentro Económico también firmó dos contratos, el 16 de febrero por 84.000 y el 15 de junio por 220.000. Hashtak, de igual forma, se adjudicó dos contratos, el 4 de marzo por 84.000 y el 7 de julio de 2022 por 220.000. El Súper, un contrato el 16 de febrero por 84.000.

Otros impresos

El arte de la cocina boliviana se adjudicó 115.000 bolivianos, el 21 de septiembre; Acuerdos, 63.000, el 1 de agosto; Ciudad Blanca, 30.000, el 25 de febrero; El Porvenir del Valle, 42.000, el 24 de marzo; El Quirquincho, 84.000, el 2 de agosto; Crónicas, 42.000, el 26 de octubre; De la Sierra, 42.000, el 25 de febrero.

Elay/Mi Cocha suscribió contrato por 50.000 bolivianos el 17 de febrero; Lee.com, 42.000, el 25 de febrero; Nueva Tarija, 30.000, el 25 de febrero; Prensa Rural, 84.000, el 28 de julio; Tupiza es noticia, 30.000, el 18 de febrero; Ukamau, 42.000, el 26 de octubre; Villa Imperial, 30.000, el 11 de febrero; Huayna Marka, 84.000, el 2 de agosto.

El semanario Aygun recibió un total de 153.000 en tres contratos; Bolivia Nueva, 153.000 en otros tres contratos; Correo del Alba, 90.000 en dos contratos; Sureño, 135.000 en dos contratos; Los hijos del huayna, 73.000 en dos contratos; La Época, 260.000 en dos contratos; Lumen, 90.000 en dos contratos; Mujeres en comunidad, 72.000 en dos contratos.

Nuestra Voz obtuvo 130.000 bolivianos en dos contratos; Sin Fronteras, 84.000 en dos contratos; La Ventana, 77.000 en dos contratos y Voces, 104.000 en dos contratos.

La mayoría de estos medios tienen escasa presencia en redes sociales, que es por donde se canaliza el tráfico a los portales. De hecho, algunos tienen entre 5.000 y 20.000 seguidores en Facebook, mientras que medios independientes y grandes superan el millón, como El Deber, Los Tiempos o Página Siete, pero que no reciben publicidad estatal. Hay excepciones que superan esas cifras.

¿Cuál el objetivo?

El politólogo José Orlando Peralta manifestó que el Gobierno, a través de estos medios, pretende consolidar sus nichos de audiencia. Sin embargo, señaló que estos suplementos, revistas y sitios web al no tener alcance nacional, le aportan muy poca incidencia a la gestión.

“Probablemente serán medios que pertenecen a miembros del MAS, se ve una clara discrecionalidad, porque los medios no son conocidos. Esto puede ser parte del clientelismo y la devolución de favores, pero al ser desconocidos, son poco favorables para el Gobierno. Habría que ver también la calidad de la información, si son noticias veraces o tergiversadas”, enfatizó.

Robert Brockmann, periodista y exvicepresidente de la APLP, dijo que la distribución de publicidad en estos medios no responde a una estrategia, sino a apoyar a sus afines y “ahogar a medios independientes”. Calificó de gasto porque esos espacios de difusión no tienen impacto nacional.

“La lógica del Gobierno es la de amigo-enemigo y cualquiera que no esté con ellos es su enemigo. Les dan el dinero del Estado a estos medios pequeños porque seguramente están alineados y son incondicionales. Darles publicidad a estos medios es como predicar entre los amigos, es un gasto”, sostuvo.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi indicó que no leyó ni vio por plataformas digitales los medios no tradicionales mencionados. Agregó que se debe pedir una explicación al Ministerio de Presidencia, para que informe cuáles fueron los criterios por los que contrataron a estos medios.

“Hay que investigar si son gastos injustificados, si son medios de poco alcance, hay que investigar. Pedir una explicación primero al ministerio, que digan las razones para hacer este tipo de gastos, a este tipo de medios, y si no hay justificación, se debe tomar acciones”, puntualizó.

El diputado oficialista Juan José Jáuregui afirmó que toda erogación de recursos se hace previa a una evaluación, de parte de las máximas autoridades del Ministerio de Presidencia y del Viceministerio de Comunicación. Añadió que los cambios en la tecnología hacen que sea necesario invertir recursos en medios alternativos.

“Hoy en día por lo menos el 60% de los bolivianos y bolivianas se informan a través de las redes sociales y otras plataformas informativas. Entonces viendo esto debieron ver la pertinencia de invertir en medios alternativos y si está dentro de los gastos operativos anuales, son valederos y no van contra la norma”, complementó.

Periodistas contra periodistas

La estrategia oficialista en temas comunicacionales, en días pasados, ha incluido también la presión sobre las organizaciones de prensa.

En ese marco, periodistas que trabajan en medios estatales o afines realizaron un plantón en inmediaciones de la Asociación de Periodistas de La Paz. Reclamaron por los abusos que se cometieron en contra de sus compañeros de trabajo en Santa Cruz, durante las recientes movilizaciones. Sin embargo, la protesta no se centró en contra de quienes incurrieron en los abusos, sino en contra de las instituciones de la prensa que representan a periodistas y medios.

“Decir a entidades, a instituciones que agrupan a medios, a trabajadores de la prensa, que ni hay periodistas de ‘clase A’, que no hay periodista de ‘clase B’. Todos trabajamos y todos somos servidores públicos”, exclamó uno de ellos entonces.

En las imágenes se pudo ver a los “periodistas estatales” portando wiphalas y pancartas con frases usadas en los discursos de autoridades del Ejecutivo y del MAS, como “memoria, verdad y justicia”.

Para el cientista político Ludwig Valverde, las protestas de los comunicadores de medios del Estado son una estrategia para desprestigiar a los gremios de la prensa independiente. Aseguró que esas manifestaciones tienen como fin que el Ejecutivo y sus funcionarios ganen protagonismo mediático.

“Estas protestas son parte también de una estrategia de desprestigiar las asociaciones de periodistas, que son independientes, y el Gobierno quiere mostrar su capacidad de presencia en medios y su capacidad de influir en la labor de los medios de comunicación”, subrayó.