El vocero jurídico del Ejecutivo Municipal cuestionó que un tribunal de garantías asuma competencias de un tribunal ordinario y dijo que por eso apelaron al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre. Los gremiales marchan nuevamente este martes
“La acción de amparo iba dirigida contra una ley autonómica (417/2016), por la supuesta vulneración al debido proceso y al derecho a la propiedad. No estaba en tela de juicio el derecho propietario, además, dicho tribunal de garantías no puede ni debe ejercer las facultades y/o competencias de un tribunal ordinario, sin embargo, lo hizo ilegalmente”, cuestionó Bernardo Montenegro, vocero jurídico del Gobierno Municipal, sobre el fallo de los vocales Alaín Núñez y Diego Ramírez, de la Sala Constitucional Tercera.
Según Montenegro, por todas las “irregularidades e ilegalidades” de ese fallo de noviembre de 2023, la Alcaldía presentó un memorial al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, con el fin de que esa máxima instancia “reconduzca a un verdadero estado de derecho, denegando la tutela solicitada”.
El vocero jurídico además aclaró que el demandado fue el Concejo Municipal, siendo el Ejecutivo “solo un tercer interesado”.
Primero en Pailón
W’aminqa Serrano, abogado de Nelson Crapuzzi, demandante del Mutualista, dijo que en octubre del año pasado, inicialmente presentaron el amparo en Pailón, argumentando que el accionante trabaja tres veces a la semana en ese municipio.
“Pero llevaron gente, presionaron a la jueza, que declinó competencias porque no había policías. Nunca quisimos hacerlo en Santa Cruz porque la justicia la maneja la Alcaldía. Se sorteó y cayó en la sala de Subieta, quedó suspendido, asumió la otra sala constitucional (tercera) y nos sorprendimos al ganar”, aseguró.
Otro error
Además del error de la directora de Bienes Inmuebles, que aseguró que no existían documentos que acrediten el derecho propietario de la Alcaldía sobre el Mercado Mutualista, Serrano dijo que la Dirección de Expropiaciones también admitió en abril de 2023 que las ordenanzas de expropiación no fueron publicadas en la Gaceta.
Sobre las cartas de enmienda a estos errores, enviadas recién en mayo del año pasado, Serrano cuestionó que la Alcaldía jamás usara esos documentos en la defensa del Mutualista, a pesar de que tuvo el tiempo suficiente, porque el amparo se presentó en octubre.
“En el amparo el concejal Alberti dijo que nosotros nos apersonamos el 18 de mayo, denunciando ese documento (enmienda), y ahora aparece misteriosamente el 19, y que llegó (al Concejo) en julio”, dijo.
Planos sepia
La concejala Lola Terrazas informó que ella intentó acceder a los planos sepia citados por los concejales José Quiroz y Juan Carlos Medrano, pero en la oficina a cargo le pidieron una lista de requisitos: fotocopias de cédula de identidad del propietario y apoderado, del plano de uso de suelo georreferenciado, del título, y carta de solicitud dirigida a la Secretaría de Planificación.
Sobre este trato diferenciado, Montenegro dijo que si fuese cierto que estos concejales solicitaron de manera oficial, tienen que exhibir dicha documentación oficial. “Extraña de sobremanera que hagan de tramitadores en contra de los bienes del Gobierno Municipal. ¿Cuál es el beneficio?, cuestionó.
Gravamen
Según Serrano, el gravamen que figura en los papeles de la Alcaldía, a nombre de la Asociación 23 de Septiembre, por Bs 9 millones, es delito.
“Ese monto significa que el Municipio debe Bs 9 millones a los gremiales”, dijo Serrano.
La secretaria de Planificación, Andrea Daza, respondió al abogado de Crapuzzi que el Reglamento Municipal de Concesiones establece ese procedimiento en las concesiones municipales, y que en ese marco se suscribió el contrato de concesión a título gratuito, aprobado por el Concejo Municipal mediante Ley Autonómica Municipal 1261/2019, protocolizado mediante Instrumento Público Nº 048/2023. Asimismo, aclaró que los Bs 9 millones están en función del valor catastral de los casi 9.000 m2 de la concesión.
Marcha
Hoy, a las 7:00 horas, los gremiales del Mutualista marcharán desde el Avión Pirata hasta el Palacio de Justicia y luego al Concejo.
“Vamos a reclamar la parcialización de la justicia y de los concejales Medrano y Quiroz. Daremos 24 horas al Concejo para anular la ley que abroga la 417/2016”, dijeron.
PARA SABER CUESTA FISCALIZAR
La concejala Lola Terrazas lamentó la burocracia administrativa que pone dificultades a la labor de fiscalización de parte de los concejales. Asimismo, informó que está buscando a sus colegas legisladores para
trabajar en un control de legalidad de la norma que abroga la Ley Municipal 417/2016 (que
declaraba el Mutualista como área de dominio público).
FUENTE: EL DEBER